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INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO en los contratos temporales

La sentencia de la Sala de lo Social establece una indemnización de 20 días por año trabajado para una empleada de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, pese a que considera que su contrato, de investigación, equivalente a un contrato para obra o servicio determinado, de más de tres años de duración, era de carácter temporal. De esta forma, eleva de ocho a veinte días por año de servicio la indemnización concedida.

Esta resolución responde a un recurso contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, que había desestimado la demanda de la trabajadora. Ahora el TSJPV admite el ajuste a derecho de la temporalidad del contrato, pero haciéndose eco del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de septiembre, entiendiendo que la indemnización debe ser la misma que la que tendría un trabajador fijo despedido por causas objetivas.

En una resolución sin precedentes, la Justicia europea ha considerado discriminatoria y, por tanto, contraria al Derecho de la Unión, la legislación española que establece una menor indemnización por despido para los trabajadores temporales frente a los indefinidos.

Lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es interpretar la norma europea conforme al Derecho Europeo, pero no dictamina si lo que debe hacer la normativa española es reducir la indemnización de los contratos indefinidos o incrementar la de los de duración determinada.

El origen de la controversia que ha ocasionado esta resolución fue el caso de una funcionaria que demandó al Ministerio de Defensa español tras ser despedida después de casi diez años encadenando contratos de interinidad. La ex-empleada demandó al órgano superior dependiente de la Administración General del Estado reclamando que la indemnización por el despido se igualara con la de un trabajador fijo. En su sentencia del pasado 14 de septiembre, el  TJUE dictaminó que las “condiciones de trabajo” reguladas en el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, e incluido en una Directiva Comunitaria, afectan también a la indemnización por despido. Es decir, que la indemnización debe considerarse una “condición de trabajo”.

El Acuerdo Marco mencionado tiene como finalidad lograr la “no discriminación” de los trabajadores temporales frente a los indefinidos, impidiendo que la duración del contrato se emplee para privar de derechos a los trabajadores. El TJUE hizo mención, además, a una cláusula específica que prohíbe, de manera expresa, que se apliquen a los contratos temporales condiciones de trabajo “menos favorables” que a los fijos en una situación “comparable”, salvo que existan “razones objetivas” para ello.

En este caso, la Justicia europea rechaza que la previsibilidad de la finalización del contrato de interinidad (10 años después) sea un criterio objetivo, ya que puede provocar (como sucedió durante todo ese tiempo) que la relación laboral se perpetúe y que, por tanto, en una situación idéntica, un trabajador con un contrato fijo sí sea indemnizado, mientras que uno interino, no.

La conclusión que se puede extraer del fallo de la Justicia europea es que, para corregir una situación de discriminación en materia de indemnizaciones para los trabajadores fijos y temporales, sería necesario reformar la legislación española. Ello conllevaría, de manera ineludible, una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Ahora bien, hay algunas cuestiones que están dando lugar a un intenso debate entre los juristas, como son la posible retroactividad o no de los efectos del fallo o si el alcance de dicha reforma debe afectar solo a la indemnización de los interinos o hacerse extensible a la de todos los trabajadores temporales.

Tras el fallo, ya hay un juzgado gallego que ha reconocido la condición de personal indefinido a nueve trabajadoras por estar cubriendo necesidades estructurales. Dado que la normativa española no señala razones objetivas que den lugar a la discriminación entre indemnizaciones, la sentencia comunitaria ha fijado un precedente que afecta no solo a todas las Administraciones Públicas, sino también a las empresas privadas.

Mientras no se reforme la ley, los trabajadores podrán cuestionar las indemnizaciones recibidas por un fin de contrato temporal y las empresas pondrán el máximo cuidado para que no se reconozca un despido objetivo encubierto, con consecuencias muy distintas.

Publicado enLaboralLegislación

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